Colombia adoptó hace años una política de puertas abiertas ante la migración venezolana, un flujo masivo que se intensificó con el deterioro de la crisis económica y el bloqueo institucional en Caracas. De los cerca de cinco millones de personas que se fueron en busca de oportunidades, casi 1,7 millones se establecieron en el país vecino, según datos oficiales. El impacto de esos números en los servicios públicos colombianos viene de lejos, pero el presidente Iván Duque hizo el lunes un anuncio especialmente polémico que le costó una oleada de críticas. Los migrantes sin papeles, mantuvo, no tendrán derecho a la vacuna contra la covid-19 que se empezará a administrar en febrero. Detrás de esa afirmación hay otra cifra: alrededor de 950.000 venezolanos "en condición irregular", uno de los sectores más vulnerables y expuestos de la sociedad, quedarán excluidos del programa de vacunación, que en su conjunto contempla la distribución de 40 millones de dosis.
